CSI·F informa:
La plataforma unitaria de sindicatos del sector público, del que forma parte CSI·F como sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, ha elaborado un manifiesto donde explica la importante labor que realizan los empleados públicos y plantea una serie de medidas que permiten ahorrar más de 60.000 millones sin empeorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores.
"La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos", pero "estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos.
"La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos", pero "estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos.
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Como señaladas víctimas de decisiones erráticas, los empleados públicos estamos convencidos de que la
crisis económica en la que España está sumida desde hace ya varios años está siendo gestionada de
manera deficiente por los sucesivos responsables políticos.
La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en
el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los
empleados públicos, y viene acompañada de una campaña de descrédito de la labor que realizan en
todos los ámbitos de la administración.
Ante ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, representantes de la totalidad de los
colectivos de la función pública, señalamos lo siguiente:
1. Los empleados públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del Estado, los servicios
que éste presta a los ciudadanos. De igual manera son quienes hacen realidad las decisiones
políticas y legislativas. Cuestionar el papel de los empleados públicos desacredita a servicios
públicos esenciales para la sociedad como los que se realizan en la educación, la sanidad, la
seguridad, la atención social y la justicia, entre otros.
2. Esta aplicación práctica de las decisiones políticas ante la ciudadanía precisa de un personal
cualificado. Los empleados públicos españoles acceden a sus puestos de trabajo después de
demostrar ampliamente su cualificación y por medio de un proceso de selección establecido de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española.
3. Los empleados públicos prestan a la sociedad un servicio insustituible como garantes de la
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los
lugares más recónditos del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por una
sencilla cuestión de rentabilidad económica.
4. La estabilidad en el puesto de trabajo, ahora cuestionada por la reforma laboral, garantiza la
independencia del empleado público ante la ejecución de las diversas políticas y asegura la
calidad y permanencia de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos.
Estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que
excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los
principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema
tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público,
que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni
afectar negativamente a los empleados públicos.Desde ese convencimiento, y entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos y la
contribución solidaria de todos para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en que se
encuentra, y observando que no se extienden al recorte de otros gastos menos justificados, ni se
centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal apelando a la
solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad, proponemos:
La adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una verdadera lucha
contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una reforma en profundidad de la
AEAT que optimice sus recursos y potencie una investigación centrada en los grupos y sectores
con mayores bolsas de fraude. Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles de los
países europeos de nuestro entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual adicional de
38.500 millones de euros.
La modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que tributan las
grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes, mediante el aumento de
cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al millón de euros, acercando así también
el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas, lo que supondría 13.900 millones
adicionales.
La implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un impuesto a las
transacciones financieras, que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno
a los cinco mil millones de euros en España.
La creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las
vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente recuperado sólo para
2011 y 2012, que podría aportar 3.300 millones anuales.
La exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro en
el IRPF, así como la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para
establecer un porcentaje máximo de participación en las SICAV que no supere el 5% de su
capital máximo estatutario. Medidas que incrementarían la recaudación en 1.500 millones
anuales.
Por último, instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con relevancia mediática a hacer
recaer sus críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a nuestro país a la situación de déficit,
paro y deuda pública en que se encuentra. En situaciones de grave crisis, como la que vivimos, no caben
las declaraciones irreflexivas sobre los servicios que presta el Estado a través de sus empleados públicos
ni sobre el rendimiento profesional de éstos, sobre todo cuando su único objetivo es crear polémica y
no aportar soluciones.
Por todo ello, las organizaciones sindicales y profesionales firmantes de este manifiesto, conscientes de
que no se puede devaluar la importancia de la función pública ni del servicio que presta al conjunto de
los ciudadanos, exigimos a todos los responsables políticos una implicación activa en la defensa de los
empleados y servicios públicos.
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